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Política de gobierno que busca regular y fortalecer el tratamiento penitenciario y post penitenciario, a través de la promoción y desarrollo de actividades productivas que permitan lograr la reinserción laboral. Y contribuir a la resocialización de la población penitenciaria. Este esfuerzo tiene como público objetivo a los empresarios de nuestro país, quienes se unen al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tomando en cuenta una política de gobierno de responsabilidad social para beneficiar a internos, empresarios, consumidores y a la sociedad.